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Sin servicio real no hay tasa: El contundente mensaje de la Corte Suprema a los municipios
Dos nuevos fallos de la Corte Suprema vuelven a poner límites al cobro de tasas municipales. El mensaje es claro: no alcanza con que el municipio invoque servicios genéricos, una estructura administrativa disponible o la posibilidad abstracta de realizar inspecciones. La tasa debe responder a una prestación concreta, efectiva, individualizada y razonablemente periódica.
En “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ plena jurisdicción – recurso de casación”, mediante sentencia de fecha 10 de setiembre de 2026, la Corte sostuvo que es el municipio quien debe probar la prestación cuando esta es negada por el contribuyente, especialmente si la ordenanza describe los servicios de manera amplia o residual. En “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino s/ pretensión declarativa de certeza”, mediante fallo de similar fecha, la Corte consideró insuficientes las inspecciones realizadas después de iniciado el juicio y destacó que la periodicidad es un atributo esencial para evitar que la tasa se transforme en un impuesto encubierto.
El Tribunal también reforzó los límites vinculados con la cuantificación: la recaudación debe guardar una relación razonable con el costo global del servicio y el monto exigido a cada contribuyente no puede resultar desproporcionado. La utilización de los ingresos brutos como base de cálculo puede ser válida, pero no habilita una finalidad puramente recaudatoria.
Los nuevos precedentes de la Corte nos brindan valiosas herramientas para defender a los contribuyentes de las excesivas pretensiones municipales.
El acuerdo del 10 de septiembre de 2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trajo novedades de vital importancia en materia tributaria, particularmente de tributos municipales.
La Corte dictó sentencia en el marco de los expedientes “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ plena jurisdicción – recurso de casación” y “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino s/ pretensión declarativa de certeza”, en ambos casos fallando a favor del contribuyente.
A continuación, se analizarán sendos precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los aspectos novedosos que traen en materia de tasas municipales.
I. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c. Municipalidad de Córdoba
En el caso, el contribuyente planteó la ilegitimidad de la “Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”.
En línea con los precedentes sentados respecto de la misma jurisdicción tales como “Laboratorios Raffo S.A.” y “Syngenta Agro S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ contencioso administrativo”, entiende que la contribución se evidencia contraria a todas luces a un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Adicionalmente entiende que el hecho imponible de la contribución resulta “laxo”, constituyendo una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.
Como novedad, incorpora una cuestión de vital importancia en materia probatoria: en casos como el planteado, donde la descripción de la actividad gravada se hace por defecto y de modo residual, no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servicio, la carga de probar que ha sido efectivamente prestado.
>Ver fallo
II. Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino
En este segundo caso, la contribuyente planteó la inconstitucionalidad de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, debido a que la Municipalidad de Pergamino no había prestado de manera efectiva el servicio que constituía su presupuesto. Asimismo, cuestionó la falta de proporción entre el monto del tributo, calculado sobre sus ingresos brutos, y el costo global de la actividad municipal que aquel pretendía retribuir.
La particularidad del caso radicó en que las primeras inspecciones acreditadas por el municipio fueron realizadas durante la tramitación del proceso judicial, luego de que la mutual hubiera cuestionado la tasa. No obstante, los tribunales provinciales entendieron que dichas actuaciones resultaban suficientes para tener por configurada la prestación efectiva del servicio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en idéntica fecha al fallo anterior, dejó sin efecto esa decisión. En primer lugar, reafirmó que, cuando el contribuyente niega la efectiva prestación del servicio, no corresponde exigirle que pruebe un hecho negativo. Se trataría de una exigencia procesal de imposible o muy difícil cumplimiento, por lo que la carga de acreditar la prestación recae sobre el municipio, que es quien se encuentra en mejores condiciones de individualizar y documentar las inspecciones realizadas.
Sobre esa base, la Corte consideró contradictorio que se tuviera por no probada la ausencia de inspecciones durante casi cincuenta años cuando, al mismo tiempo, las propias constancias invocadas por el municipio demostraban que las primeras actuaciones se habían realizado recién en 2016, una vez iniciado el juicio. La prestación efectuada con posterioridad al cuestionamiento judicial no resulta suficiente para justificar retroactivamente el cobro de la tasa.
Como aspecto novedoso, el Tribunal profundizó el requisito de la efectiva prestación y señaló que la periodicidad constituye un atributo esencial de las tasas retributivas de servicios. Si bien ello no implica que deba practicarse una inspección en cada período fiscal ni con una frecuencia rígidamente predeterminada, tampoco resulta suficiente la mera existencia de una estructura municipal o la posibilidad abstracta de que el contribuyente sea inspeccionado. Debe verificarse una actuación estatal regular y eficaz que permita mantener una vinculación real entre el tributo exigido y el servicio que constituye su causa.
En igual sentido, la Corte descartó que la potencialidad del control o su efecto disuasivo puedan reemplazar la prestación efectiva. Explicó que las técnicas basadas en la percepción del riesgo de fiscalización pueden ser propias de la administración de impuestos, cuyo hecho imponible se encuentra desvinculado de una actividad estatal concreta. En una tasa, en cambio, la inspección no constituye simplemente una herramienta para incentivar el cumplimiento del contribuyente, sino el propio servicio que el municipio debe prestar.
El fallo también incorpora precisiones relevantes sobre la cuantificación del tributo. La Corte sostuvo que la legitimidad del monto de una tasa no puede analizarse únicamente a partir de la confiscatoriedad que produzca sobre el patrimonio de un contribuyente determinado. Por el contrario, debe existir una razonable vinculación entre el monto recaudado y el costo global, directo e indirecto, de organizar y prestar el servicio.
En este punto, el Tribunal aclaró que los ingresos brutos pueden utilizarse como manifestación de capacidad contributiva y como parámetro para distribuir diferencialmente el costo del servicio entre los obligados. Sin embargo, su utilización no puede conducir a resultados irrazonables, desproporcionados o disociados de las prestaciones municipales. En otras palabras, la capacidad contributiva puede funcionar como un criterio de distribución, pero no como una justificación para transformar la tasa en un impuesto encubierto.
A tal efecto, la Corte identificó dos límites concurrentes. El primero, de carácter general, consiste en que la recaudación total de la tasa debe guardar una relación aproximada con el costo global del servicio, evitando que el excedente financie actividades municipales ajenas. El segundo, de carácter individual, exige que el monto reclamado a cada contribuyente no resulte desmedido o desvinculado del costo de la prestación que le corresponde, aun cuando se considere su capacidad contributiva.
En definitiva, el precedente consolida que la validez de una tasa municipal requiere algo más que la organización abstracta del servicio o la realización aislada de una inspección una vez promovida la demanda. Es necesario acreditar una prestación concreta, efectiva, individualizada y razonablemente periódica, así como una cuantificación que conserve una vinculación suficiente con el costo de esa actividad estatal.
> Ver fallo
III. Conclusiones
Los precedentes analizados refuerzan los límites constitucionales aplicables a las tasas municipales y colocan especial énfasis en la correspondencia que debe existir entre el tributo y una actividad estatal comprobable.
Por un lado, en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba, la Corte descalificó las formulaciones normativas excesivamente amplias o residuales que pretenden justificar el cobro mediante servicios genéricos vinculados al bienestar general. Frente a la negativa del contribuyente, corresponde al municipio demostrar la concreta prestación del servicio que sustenta la tasa.
Por otro lado, en Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino, el Tribunal avanzó sobre dos cuestiones adicionales. La prestación debe presentar una periodicidad razonable y no puede ser suplida mediante inspecciones realizadas únicamente después de iniciado el litigio. Asimismo, la cuantificación debe guardar relación con el costo global del servicio y no puede justificarse exclusivamente en la capacidad contributiva o en la ausencia de confiscatoriedad.
En términos prácticos, ambos pronunciamientos brindan herramientas relevantes para cuestionar tasas municipales cuando:
- Los servicios se encuentran definidos de manera genérica, ambigua o residual;
- El municipio no acredita actuaciones concretas respecto del contribuyente;
- Las inspecciones son aisladas o posteriores al reclamo administrativo o judicial;
- No existe una periodicidad razonable en la prestación;
- La recaudación excede el costo global, directo e indirecto, del servicio; o
- El monto individual se encuentra desproporcionado o disociado de la actividad municipal que pretende retribuir.
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🔹 Claudia Raiteri | Legales | craiteri@russellbedford.com.ar
